El dragado de la Vía Navegable Troncal ya no es una simple obra pública. El gobierno podrá sancionar las deficiencias en la prestación que viene mostrando la dragadora. Con la disolución del Ecovina se acelera el proceso de licitación.

Por medio del decreto 699/2024, el gobierno nacional declaró como servicio público a las actividades de dragado, re dragado, mantenimiento, señalización, balizamiento y control hidrológico de las vías navegables de jurisdicción nacional.

La misma norma designó como autoridad de aplicación del decreto a la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables dependiente de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía.

Asimismo, se dispuso la disolución total del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable (Ecovina), organismo descentralizado actuante en el ámbito de la secretaría de transporte del ministerio de economía, en los términos del inciso b) del artículo 3° de la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos n° 27.742.

Con esta decisión, la Subsecretaría quedará a cargo confeccionar y aprobar los pliegos de bases y condiciones que regirán el próximo proceso licitatorios de la hidrovía.

Asimismo, al abandonar la figura de un cuerpo colegiado como la Ecovina que demostró su total inutilidad, y centralizar las decisiones en la Subsecretaría, se espera una notable agilización de tiempos en esta licitación. La obsesión del gobierno es entonces terminar cuanto antes con la precariedad de la contratación directa y sin licitación que liga actualmente a la dragadora Compañía Sud Americana de Dragados del Grupo Jan De Nul con el gobierno.

Qué implica el servicio público

En los considerandos del decreto se establece “declarar servicio público a dichas actividades (dragado) procura asegurar la continuidad y regularidad de las prestaciones que hacen a la navegación inter jurisdiccional, en cumplimiento del deber de proveer a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales y a procurar la calidad y eficiencia de los servicios públicos”.

Esta es sin dudas la peor noticia que pudo haber recibido la Compañía Sud Americana de Dragados del Grupo Jan De Nul.

Como sucede con otros servicios públicos como aguas, distribución eléctrica o telefonía, se incrementará notablemente el poder del Estado sobre el dragado. Y así como el gobierno sanciona a las empresas que prestan servicios públicos por falencias e interrupciones en las prestaciones, podrá hacer lo propio con el dragado.  

Razones para sancionar no le faltarán al gobierno. Desde el inicio de la gestión de Wim Boosteels que arrancó en julio de 2023, las críticas llueven sobre la Compañía Sud Americana de Dragados.

Varaduras por bajos fondos, llamada de atención de los propios Prácticos que transitan la VNT, dragas que se retiran de la VNT, quejas de los usuarios por mal dragado y accidentes de todo tipo marcan la realidad de una empresa que supo ser de excelencia y ahora presenta la peor cara desde su llegada a la Argentina en 1995.

Además de la firma del Presidente Javier Milei, el decreto fue rubricado por los ministros Guillermo Francos, Diana Mondino, Luis Petri, Luis Andrés Caputo, Mariano Cúneo Libarona, Patricia Bullrich, Mario Antonio Russo, Sandra Pettovello y Federico Adolfo Sturzenegger