Confirmado: Jan De Nul dragará en el puerto de Montevideo para una cuestionada empresa china

La estatal CHEC Dredging Company Limited, dependiente del régimen de Pekín, no tiene equipos posicionados en zona para realizar el trabajo. La compañía belga, en lugar de hacer valer esa situación, aceptó ser subcontratada por un importe muchísimo menor a los USD 30 millones que embolsará la dragadora china.

 

Tal cual lo anticipado por #PROFUNDIZAR el pasado 1 de octubre, Juan Curbelo, presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), informó que comenzaron las obras de dragado y profundización del puerto de Montevideo.


 

La estatal china CHEC Dredging Company Limited, dependiente del régimen de Pekín quedó a cargo de la obra tras una cuestionada maniobra de la ANP que desempolvó una licitación adjudicada a dicha firma en 2018, o sea por el anterior gobierno, que culminó en un contrato rubricado el 20 de diciembre de 2019. Un contrato que en ningún caso habla de profundizar porque es de mantenimiento.

 

La iniciativa, que representa una inversión de USD 30 millones, tiene un plazo de ejecución de seis meses y busca incrementar la capacidad de la infraestructura portuaria para recibir embarcaciones de gran porte.

 

El proyecto incluye la intervención en el canal de acceso a la rada portuaria, trabajo que cuenta con la autorización de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), un ente binacional integrado por Uruguay y Argentina.

 

CHEC Dredging, que no posee dragas posicionadas en la zona para hacer frente a la tarea, recibió sin embargo una ayuda inesperada de su competidora Jan De Nul.

 

La compañía belga, en lugar de hacer valer la falencia de CHEC Dredging para desplazarla, aceptó ser subcontratada por un monto mucho menor del que percibirá la empresa china.


Con esta actitud, Jan De Nul corre el riesgo de ganarse la enemistad de los gobiernos de Estados Unidos y de Europa los que están viendo con suma preocupación el avance chino en Latinoamérica.

 

China Harbour Engineering Company (CHEC), de quien depende CHEC Dredging Company Limited, registra varios casos de corrupción en distintos países.

 

En Bolivia, por ejemplo, fue favorecida en la licitación de la ruta Sucre-Yamparáez, donde funcionarios confesaron haber manipulado los documentos de la licitación y cambiar papeles de la oferta “por presión” para que la empresa china se quedara con la obra.


Según la investigación llevada a cabo por las autoridades policiales, CHEC habría pagado un soborno de u$s 2.700.000 que involucra al presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Henry Nina.

 

Al menos cuatro de los siete contratos de la empresa CHEC en Bolivia se firmaron bajo la modalidad “llave en mano”, lo que implicó que la empresa asiática contrató a los supervisores de las obras que ella misma hacía.

 

La relación entre los grupos empresarios estatales chinos no termina aquí, porque CHEC reporta a la también estatal Communications Construction Company, Ltd. (CCCC).

 

Este conglomerado, que reporta directamente a la cúpula del Partido Comunista chino, tiene más de 60 subsidiarias de propiedad total o parcial, y sus productos y servicios circulan en más de 150 países. Junto con otras cuatro compañías estatales chinas, representaron el 68% del monto total de proyectos de infraestructura en América Latina para el periodo 2005-2020. 

 

Conflicto en puerta

En un programa de dragado que está poniendo en riesgo el equilibrio geopolítico de una delicada región del mundo, Pekín a través de las empresas dragadoras de CCCC, está recuperando terreno en el Mar de China Meridional.

 

Ya se crearon media docena de nuevas islas y por ende hoy China posee en esas aguas puertos de aguas profundas, playas de arena y al menos una pista de aterrizaje desde donde pueden operar aviones de combate.


 

Con 12.000 metros cuadrados recuperados, China hizo más de lo que lograron en 60 años otros países que reclaman territorios en la zona, como Vietnam, Malasia y Filipinas.

 

De hecho, el Departamento de Estado de Estados Unidos ya impuso restricción de visas a la cúpula directiva de CCCC por considerarlos “responsables o cómplices de la reclamación, construcción o militarización a gran escala de puestos de avanzada en disputa en el Mar de China Meridional”.