Un fallo de la Cámara de Apelaciones de la Justicia Federal de Rosario dejó claro que no se puede avanzar en el proceso licitatorio sin una evaluación de impacto ambiental previa, participativa y pública.

Como una bomba atómica cayó en el mundo agroexportador el reciente fallo de la Cámara de Apelaciones de la Justicia Federal de Rosario que puso de manifiesto el riesgo que implica avanzar con la licitación de la hidrovía sin antes resolver la cuestión ambiental.

Ya no corre más la fórmula originalmente pensada de licitar la vía navegable tal cual está y que luego el concesionario se encargue de realizar los estudios ambientales para profundizarla y ensancharla.

La situación se les complicó sobremanera a las autoridades que soñaban con lanzar los pliegos licitatorios en noviembre próximo una vez concluido el proceso electoral. El tema es que aquí no se trata de una cautelar que puede revertirse en días, como sucedió en la anterior licitación. Ahora hay un fallo en segunda instancia que sólo podría dar vuelta la propia Cámara, o la Corte Suprema, o sea que ya se habla de otros tiempos. La opción restante sería realizar con anterioridad los estudios ambientales y someterlos a la aprobación pública, algo que tardaría como mínimo un par de años.

Todo se inició con la medida cautelar presentada en 2022 por la Asociación de Abogados Ambientalistas a la Justicia Federal para frenar la decisión de abrir un nuevo paso de navegación para buques de ultramar en el brazo derecho del río Paraná sobre la zona de Ramallo (315 y 326 km). Eran tiempos de la bajante histórica del río y el gobierno nacional buscaba nuevas opciones navegables a pedido de la agroindustria exportadora.

La cautelar fue denegada en primera instancia, pero la asociación ambientalista no se quedó de brazos cruzados: apeló y obtuvo ahora un fallo favorable que lleva la rúbrica de los camaristas Aníbal Pineda y Élida Vidal. La decisión judicial en este caso le requirió al gobierno los informes medioambientales que avalen ese dragado que nunca habían sido presentados. 

El requerimiento de la Justicia para la Administración General de Puertos (AGP), a cargo de la hidrovía por la estatización llevada a cabo durante el gobierno de Alberto Fernández es contundente.

La Cámara le pidió un “informe respecto del estado actual de la obra, detalle de tareas realizadas, ajustes, de traza efectuados, los estudios ambientales de gestión de obras y los estudios de impacto ambiental; y que informe si se ha realizado el procedimiento técnico/administrativo de evaluación de impacto ambiental con participación ciudadana en relación con las obras que son objeto de la presente causa y en su caso estudios respecto de las consecuencias sobre el ambiente de las tareas que han sido ejecutadas desde la fecha de interposición del amparo hasta la actualidad”.

Todo está por verse en la segunda temporada de esta novela privatizadora. Sillón, TV y balde de pochoclo para ver los nuevos capítulos.