Un documento de la Prefectura Naval Argentina demuestra que la terminal fueguina estaba en condiciones de seguridad internacional y apto para funcionar.

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) procedió a intervenir el Puerto de Ushuaia en una acción sin precedentes desde la sanción de la Ley de Puertos en el año 1992. La resolución se fundamentó en tres pilares: el desvío de fondos del puerto en otras cuestiones ajenas a la actividad, deficiencias estructurales de un sector de muelles e incumplimiento de medidas de seguridad internacional.

El desvío quedó desacreditado porque si bien la legislatura provincial había sancionado una Ley que le permitía hacer uso de los fondos para asignarlos como préstamo a la Obras Social de la Provincia, el Gobernador Melella, jamás los transfirió a dichos fines.

Con respecto a las deficiencias estructurales, ya se había elaborado el plan de obras para el acondicionamiento de los muelles y la ANPyN estaba al tanto. Tierra del Fuego tiene normalizado por ley la prohibición de hacer obras al aire libre, de hormigón, desde abril a septiembre por las bajas temperaturas. Las mejoras estaban proyectadas fuera de la temporada de cruceros. Igualmente, no impedían el normal funcionamiento de la terminal portuaria porque se trataba de mejoras. De hecho, la intervención siguió operando en las mismas condiciones estructurales que la administración provincial.

La respuesta al tercer cuestionamiento surge de la documentación emitida por la Prefectura Naval Argentina, en su carácter de Autoridad de Aplicación, que certificó que el puerto estaba en condiciones de seguridad internacional y apto para funcionar.

En efecto, un certificado fechado el 14 de enero de 2026, apenas siete días antes de la intervención, declaró a la terminal portuaria como apta y segura para operaciones de buques contenedores, turísticos y pesqueros, tras cumplir con las normas de seguridad vigentes.

El dato da por tierra con lo expresado por la ANPyN para la intervención del puerto ya que argumentaba exactamente lo contrario: que no se garantizaban condiciones de seguridad y que existía un riesgo para el interés público.

Según señala el medio Informe Marítimo, el documento no habría sido notificado formalmente a la Dirección Provincial de Puertos, sino que apareció por vías informales. A esto se suma otro elemento llamativo: el certificado original figura como extraviado, por lo que actualmente circula un duplicado.

En ese contexto, se señala que la propia ANPyN contaría con ese mismo certificado desde el 21 de enero, fecha en la que se concretó la intervención, lo que profundiza las dudas sobre los fundamentos utilizados para justificar la medida.

Las críticas apuntan a una clara contradicción entre organismos nacionales y a la falta de claridad en el proceso. Desde sectores provinciales advierten que el documento debilita el argumento central de la intervención y da mayores certezas sobre la ilegitimidad de la resolución.

Fuentes consultadas en la gobernación fueguina aseguran que los certificados serán presentados en la Corte Suprema de Justicia como un hecho nuevo con el fin de solicitar la urgente resolución del planteo que deja al Gobierno Nacional muy mal parado al caerse los argumentos que originaron la intervención.