En abierta violación a la Ley de Actividades Portuarias 24.093, un cuestionado informe de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación atacó con dureza a la terminal fueguina y pidió la intervención del gobierno nacional.

Hasta mediados del año 1992, un funcionario de la Administración General de Puertos (AGP), a la sombra del Obelisco, decidía lo que debía hacerse en el puerto de Ushuaia, el de Barranqueras o el de Bahía Blanca. El sistema estaba centralizado y dependía del gobierno nacional.

Todo cambió a partir del 26 de junio de ese 1992 cuando apareció publicada en el Boletín Oficial la Ley de Actividades Portuarias 24.093.

Con esta norma, los puertos fueron traspasados a sus respectivas provincias y la AGP solo se quedó con el de Buenos Aires, porque por entonces la ciudad no era autónoma, como sí lo fue a partir de la reforma constitucional de 1994.

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En este escenario, que ya lleva más de 33 años de vigencia ininterrumpida, preocupa el reciente informe elaborado por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) que atacó con dureza al puerto de Ushuaia y pidió la intervención del gobierno nacional.

El ruido no se hizo esperar. Representantes del personal de Dirección, Técnicos y Profesionales del complejo Portuario de Tierra del Fuego (Ushuaia y Río Grande) expresaron su inquietud por esta medida “sospechosa” del organismo nacional, que pone en peligro, no solo la principal actividad de la provincia más austral del mundo (el turismo), sino las fuentes de trabajo y la idoneidad técnica y profesional de nuestros compañeros afiliados.

No son pocos los temas que llaman la atención en esta movida de la ANPyN.

- El informe tomó estado público al mismo momento que se le notificó a la Dirección Provincia de Puertos. Extraño que suceda cuando se tocan temas sensibles de seguridad física y operativa de una terminal portuaria internacional.

- La Prefectura Naval Argentina como organismo responsable de aplicación, habilitación y control de cumplimiento del Código de Protección de las Instalaciones Portuarias (Código PBIP), nunca advirtió falencias en la seguridad.

- La auditoría se involucró en temas de administración económica-financiara del puerto de Ushuaia cuando ellos es potestad del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Tierra del Fuego.

- Los integrantes de la auditoría enviada por la ANPyN, son varios funcionarios que promovieron, desarrollaron y firmaron el pliego de licitación de la hidrovía que cuestionado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) en un informe de más de 70 páginas, lo que obligó al organismo nacional a realizar un nuevo llamado a licitación.

- La auditoría se dio a conocer, públicamente, diez días antes de un proceso eleccionario, sin la oportuna y correspondiente anticipación a las autoridades locales.

- El informe surge justo en el momento donde intereses privados y extranjeros han mostrado un exagerado interés sobre las terminales portuarias fueguinas.

- Que diera a conocer falencias estructurales y de seguridad a un mes de iniciarse la temporada de cruceros en la provincia, donde se estima un arribo de más de 550 embarcaciones de este tipo.

- También, que el reclamo provenga de un trabajador portuario de un sindicato ferroviario con seis afiliados, cuando ni el puerto, ni la provincia, tienen ferrocarril. Y que ante esta denuncia no se le haya corrido conocimiento a la autoridad portuaria provincial para el descargo que considerara pertinente.

A pesar de todo esto, los representantes de la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos Argentinos (APDFA) expresaron que solo les interesa “garantizar la operatividad del puerto de Ushuaia, preservar las fuentes de trabajo de nuestros representados, y aportar a la sustentabilidad de la actividad portuaria, cuestiones que han sido afectadas y atacadas directamente por este informe”.